Energía y participación ciudadana en Guatemala II

29 March, 2014 | By More

Por Licda. Fátima Castaneda; Editado por Dra. Debora Ley PhD; 30 de Marzo de 2014

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Marco legal

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn el artículo anterior se describió una síntesis de la situación de la falta de seguridad energética relacionada a la condición de pobreza. Puede ser repetitivo hacer referencia a Guatemala, sin embargo, es solamente un ejemplo de las condiciones que la mayoría de países en América Latina tienen desde la historia, el tipo de regulación desde lo legal, la falta de participación ciudadana en cuanto a lo normativo y la formulación de políticas públicas en materia energética. 

El caso guatemalteco tiene sus particularidades, una de ellas fue la concesión del sector energético. La creación del Decreto No.93-96 el 15 de noviembre de 1996 (Ley General de Electricidad) marcó un antes y un después, en donde el presidente de  la República, Álvaro Arzú, autorizó la venta casi total de la Empresa Nacional Eléctrica, a pesar de no contar con el aval del Organismo Legislativo. Así mismo, se suscribieron los Acuerdos de Paz (doce acuerdos que ponen fin al Conflicto Armado entre la Guerrilla y el Ejército) en particular el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, en el que se hace énfasis al aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución de la tierra. En este momento coyuntural, en el que se enmarca El Decreto No. 93-96 ylos Acuerdos de Paz, se promueve en paralelo la inversión extranjera en el país, donde la exploración y explotación de recursos naturales (petróleo, minería e hidroeléctricas) cobraron impulso. 

Actualmente, la Ley General de Electricidad se inclina por normativas técnicas, más no contemplan la parte social, como las consultas populares y la pobreza de la población cercana a las hidroeléctricas. El marco jurídico actual, que norma el desarrollo del conjunto de actividades de electricidad en Guatemala, no corresponde al contexto social, político y económico del país, pues en él se favorece, principalmente, a la iniciativa privada nacional y extranjera.

Al no corresponder el marco legal eléctrico al contexto guatemalteco, se evidencia la  falta de coordinación y el seguimiento interinstitucional de los Ministerios de Energía y Minas y Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues la inconformidad de las comunidades no solamente se manifiesta en los proyectos de generación, sino en las conclusiones y las recomendaciones de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los proyectos de transmisión y el precio en la distribución de energía. 

Cabe destacar que el tema energía, es un eje transversal en una ley y/o política pública, en donde ha estado ausente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, para darle seguimiento a las nuevas generaciones en educar e integrar programas y proyectos que beneficien a las comunidades. La búsqueda de soluciones y alternativas para mermar los conflictos en  los proyectos de energía, no solo corresponde a los entes estatales sino, al diálogo y el consenso de la iniciativa privada, las iglesias, el cese de la intromisión de agencias de cooperación internacional que incentivan el rechazo de los proyectos y principalmente la información y la participación de la población que se ve afectada.

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Energy and citizen participation in Guatemala II 

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Legal Framework 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAThe previous article summarized the situation of the lack of energy security related to the poverty conditions. It can be repetitive to make reference to Guatemala, however, it is only one example of the conditions that most countries in Latin America have from the historical perspective, the type of regulation from the legal perspective, the lack of citizen participation in terms of the normative perspective and the formulation of public policies related to the energy sector.

The Guatemalan case has its peculiarities, one of which was the concession of the energy sector. The creation of Decree No.93 -96 on November 15, 1996 (General Electricity Law) marked a before and after, where President Alvaro Arzú authorized the sale of most of the National Electric Company, despite him lacking the endorsement of the Legislative Branch. Likewise, the Peace Accords (twelve agreements which establish an end to the armed conflict between the guerrilla and the army) in particular the accord about the Socioeconomic and Agrarian Situation, emphasizes the use of natural resources and earth distribution. In this moment, based on Decree No. 93-96 and the Peace Accords, foreign investment in the country is promoted, where exploration and explotation of natural resources (oil, mining and hydroelectrics) gained momentum.

Actually, the General Electricity Law focuses on technical regulations, and it does not take into account social issues, such as public consultations and poverty of the communities who live near hydroelectrics. The current legal framework which regulates the development of all electric sector activities in Guatemala does not correspond to the social, political and economic context of the country, as it mainly stimulates domestic and foreign private sector.

Therefore, the legal electric framework does not correspond to the Guatemalan context, which demonstrates the lack of coordination and monitoring between the Ministries of Energy and Mines and Environment and Natural Resources, as the dissatisfaction of communities is expressed not only in generation projects, but in the conclusions and recommendations of the Environmental Impact Assessment (EIA), transmission projects and the price in energy distribution.

Notably, the energy issue is a transverse axis in a law and / or public policy, where the roles of the Ministry of Education and the Ministry of Social Development have been absent, thus, impeding the coordination of new generations for teaching and integration programs and projects that benefit to communities. The search for solutions and alternatives to diminish the conflicts in energy projects does not only correspond only to the state authorities.  There is also a role for dialogue and consensus of private initiative, the churches, the cessation of the interference of international cooperation agencies that encourages rejection of projects and mainly information and participation of the population who is affected.

Category: Renovables, Eficiencia Energética y Medio Ambiente

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