Energía y participación ciudadana en Guatemala IV: Reflexiones Finales

28 June, 2014 | By More

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Por Licda. Fátima Castaneda; Editado por Dra. Debora Ley PhD

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn los artículos anteriores, se describió la seguridad energética, su vinculación con la pobreza, la Política Energética 2013-2027, la participación ciudadana y el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. A pesar de los avances y los desaciertos relacionados a los temas citados cabe preguntarse:

Si el acceso a servicios básicos (incluido el servicio de energía) es parte de la responsabilidad de los Estados, ¿por qué aún persiste el patrón en Latinoamérica en dar en concesión las fuentes de generación y distribución siguiendo el modelo de mercado en donde las acciones de la mano invisible privilegia a una minoría en relación al bien común? Esto se debe, desde el punto de vista de la participación ciudadana, a la desigualdad en la distribución de la riqueza y la inexistencia operativa de la acción activa y responsable de los ciudadanos.

¿En qué momento, en la educación elemental y superior del pensum de estudio a los guatemaltecos, nos han presentado la energía eléctrica no solamente como un fenómeno físico, sino como parte del día a día para las actividades que realizamos? Persiste la ausencia del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, en donde los focos de mayor conflictividad se centran en el cómo se construyen y desarrollan los proyectos hidroeléctricos. Resulta necesario proporcionar a las nuevas generaciones un marco mínimo de qué es, cómo se utiliza, sus ventajas y desventajas, para así evitar caer en supuestos.

Si la búsqueda de soluciones y alternativas para mermar los conflictos en los proyectos de energía no sólo corresponde a los entes estatales, sino al diálogo y el consenso de la iniciativa privada, las iglesias, grupos que están en contra, ¿porqué se concentran algunos grupos y/o población en demandar nacionalizar el servicio de la energía y no toman en cuenta otras fuentes de autogeneración comunitaria? Por ello, resulta necesario realizar una cuantificación y ejemplificar casos exitosos en donde para acceder a la energía eléctrica no es necesario estar conectado a la red nacional. Esto no significa dejar a un lado a los inversionistas, el Ministerio de Energías y Minas y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ya que ellos deben cumplir con el papel que les corresponde.

En consecuencia, la hidroelectricidad además de tener un valor económico entraña un alto valor político, cuya responsabilidad recae principalmente en las instituciones estatales en cumplir con el mandato constitucional, más allá de favorecer a los intereses de otros Estados, partidos políticos o de gobierno y/o grupos minoritarios económicamente poderosos tanto nacionales como extranjeros. Por razones históricas, políticas y principalmente económicas, los gobernantes guatemaltecos, han privilegiado a grupos minoritarios nacionales y extranjeros, han concesionado los recursos energéticos sin recibir la retribución económica que corresponde, como tampoco han buscado el desarrollo sostenible.

En este sentido, el control de los recursos energéticos de los Estados debe ser reformado por un nuevo contrato caracterizado por la reformulación de un rol planificador, extensivo, dinámico y abiertamente democrático en cuya programación y posterior ejecución sea factible la observación del problema de los recursos energéticos desde una óptica integral en donde se le informe y se le consulte a los ciudadanos. Al mismo tiempo, la participación ciudadana debe ser activa desde el momento en donde los inversionistas presentan la intención de un proyecto hidroeléctrico.

Finalmente, es necesario destacar que hay que incentivar la cultura de participación por parte del ciudadano, pues si no nos podemos organizar y no conocemos los mecanismos constitucionales para evitar arbitrariedades en cualquiera que sea el tema, (energético, salud, educación entre otros) no podemos reclamar si solo delegamos la representatividad del Estado cada cuatro años al gobierno de turno y al Congreso.

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Energy and citizen participation in Guatemala IV: Final Remarks

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By Licda. Fátima Castaneda; Edited by Dr. Debora Ley PhD

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrevious articles described energy security, its links with poverty, Energy Policy 2013-2027, citizen participation and the Convention No. 169of the International Labor Organization’s Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Despite the advances and mistakes related to the above topics there remain questions to be asked:

If access to basic services (including energy service) is part of the State responsibility, why does the pattern still persist in Latin America to grant concession for generation and distribution following the market model where actions of an invisible hand favor a minority in relation to the common good? This is due to, from the point of view of citizen participation, the unequal distribution of wealth and the lack of citizen’s operational and responsible active action.

At what point within the elemental or high school curriculum has electric power has been studied, not only as a physical phenomenon; but part of our daily activities? There remains a void from the Ministry of Education and the Ministry of Social Development, as the greatest conflict sources are centered on the construction and development of hydroelectric project. It is necessary to provide future generations with a minimum framework of what it is, how it is used, its advantages and disadvantages, to consequently avoid falling into assumptions.

If the search for solutions and alternatives to diminish the conflicts in energy projects not only corresponds to the state authorities but also to the dialogue and consensus of the private sector, churches, groups that are against it, why do some groups and/or population segments focus in demanding the nationalization of the energy service and do not take into account other sources of community self-generation? It is necessary to conduct a quantification and selection of successful case studies where access to electricity is possible without being connected to the national grid. This does not mean to set aside investors, the Ministry of Energy and Mines and Ministry of Environment and Natural Resources, as they need to comply with their respective roles.

Consequently, hydroelectricity, in addition to having an economic value, also bares a high political value, whose responsibility lies primarily within state institutions whose objectives are to comply with the constitutional mandate, beyond favoring the interests of other States, political parties or government and/or economically powerful domestic and foreign minority groups. For historical, political and mainly economic reasons, Guatemalan governments have privileged access to domestic and foreign minority groups, have given concessions to energy resources without receiving fair economic compensation or attaining sustainable development.

In this sense, the control of States’ energy resources must be reformed, new contracts should be characterized by the formulation of a planned, extensive, dynamic, and openly democratic role, in which execution there is a feasible observation of the energy resources problem from an integrated approach where there will be informed and consulted citizens. At the same time, citizen participation must be active from the moment investors present their intention of developing a hydroelectric project.

Finally, it is necessary to highlight that it is necessary to promote the culture of citizen participation. If we can not organize ourselves and do not know the constitutional mechanisms to avoid arbitrariness in any sector (energy, health, education etc.) we can not argue anything if we only delegate State representation every four years to the current Government and Congress.

Category: Renovables, Eficiencia Energética y Medio Ambiente

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